El Tribunal Constitucional señaló que, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el aludido registro es de naturaleza pública, pues sobre la base del mismo se toma decisiones como el nombrar, ratificar o destituir magistrados del Poder Judicial. Y que el carácter confidencial que una ley otorga a la información de naturaleza pública no se legitima en sí misma, pues la ley solo vale si es acorde materialmente a los derechos fundamentales. Así, se debe examinar si la restricción legal al derecho de acceso a la información pública es constitucional, al tener finalidades constitucionales, ser necesarias y proporcionales. Realizada la interpretación restrictiva de los fines constitucionales de la medida legal examinada, se obtiene que es arbitrario la denegación de información a la demandante. Por lo que, se declara fundada la demanda y se establece un estado de cosas inconstitucional. 

El Tribunal Constitucional desarrolla las dos dimensiones del derecho de acceso a la información pública. La dimensión individual que implica que nadie puede impedirle a un ciudadano el acceso a información que posee una entidad pública. En adición a ello, cabe resaltar que es un derecho instrumental para ejercer otros derechos fundamentales. La dimensión colectiva está relacionada a la formación de la opinión pública, que es fundamental en una sociedad democrática (Fundamentos 10 y 11). 

En adición a ello, resalta una faz positiva y una negativa del derecho en cuestión. En su faz positiva, implica entregar la información solicitada; en su faz negativa, esta información no debe ser falsa, incompleta o confusa. En el presente caso, se había entregado información que era materia de controversia; sin embargo, la información proporcionada debe ser de calidad, con lo cual se ordena la entrega de la información requerida, pero de forma completa y veraz (Fundamento 16).